El Gobierno nacional definió este jueves al nuevo operador de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en el marco del proceso de privatización de la compañía. El consorcio liderado por el Grupo Roggio presentó una oferta de US$340 millones y quedó al frente de la licitación para hacerse con el 90% de las acciones que pertenecían al Estado.
La apertura de las propuestas económicas se realizó durante la mañana a través de la plataforma oficial de contrataciones públicas. De esta manera, quedó definida la compulsa entre los dos grupos empresarios que habían logrado superar la primera etapa del proceso y llegar a la instancia final.
El consorcio ganador está integrado por Roggio ROAS, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El otro grupo que participó de la licitación estuvo conformado por Rowing, la brasileña Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR BV y Transclor.
La operación establece que el nuevo concesionario tendrá a su cargo la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento durante 30 años, con la posibilidad de extender el contrato por otros diez años de acuerdo con las condiciones previstas.
Uno de los principales compromisos asumidos por el futuro operador será el desarrollo de un ambicioso programa de inversiones. El contrato establece desembolsos por alrededor de US$2.000 millones durante los primeros cinco años, destinados a obras de infraestructura, ampliación de redes y mejoras en la prestación del servicio.
A lo largo de las tres décadas de concesión, las inversiones previstas serán considerablemente mayores y estarán vinculadas con objetivos de expansión de la cobertura de agua potable y cloacas, mantenimiento de las redes y mejoras en los estándares de calidad.
La privatización contempla la transferencia del 90% de las acciones que actualmente pertenecen al Estado nacional. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores de la empresa a través del Programa de Propiedad Participada.
AySA presta servicios de agua y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense, por lo que la definición del nuevo operador tendrá impacto directo sobre millones de usuarios.
El proceso de privatización había comenzado formalmente en 2025 y durante este año avanzó con la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional. De los grupos interesados inicialmente, finalmente dos consorcios lograron superar la evaluación técnica y acceder a la apertura de las ofertas económicas.
Con la definición de la propuesta económica, el Gobierno dio un nuevo paso en la transferencia de la gestión de AySA al sector privado. Ahora deberán completarse las instancias administrativas correspondientes antes de que el nuevo concesionario asuma formalmente la operación de la compañía.