El Gobierno nacional apelará la multa diaria impuesta por la Justicia por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo no acató una orden judicial vigente.
La resolución establece una multa de 100.000 pesos por día para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por su responsabilidad directa en la administración del Presupuesto Nacional. El magistrado advirtió que la sanción podría modificarse tanto en su monto como en los funcionarios alcanzados, según la evolución del expediente.
El fallo se originó en una causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado nacional. En ese proceso, la Justicia había ordenado avanzar con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.
Cormick sostuvo que, ante el incumplimiento verificado, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto previamente. La intimación había otorgado al Gobierno un plazo para cumplir con la medida cautelar, bajo advertencia de aplicar sanciones económicas en caso de persistir la desobediencia.
Desde el Poder Ejecutivo anticiparon que recurrirán la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El oficialismo argumentará que el juez ha fallado de manera reiterada contra la administración del presidente Javier Milei y cuestionará el criterio utilizado para imponer la multa.
La disputa judicial se encuentra relacionada con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas necesarias en el Presupuesto.
La Justicia, sin embargo, declaró inaplicable esa condición y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos de la ley referidos a los salarios universitarios y las becas. La medida cautelar fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y posteriormente quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno.