La Cámara de Diputados se encamina esta semana a dar un paso clave en el debate sobre morosidad y emergencia en discapacidad, luego de que la oposición lograra imponer su agenda y forzar la convocatoria a una sesión especial. El movimiento opositor busca evitar que los proyectos pierdan estado parlamentario y queden sin tratamiento efectivo, en un contexto de fuerte tensión por el endeudamiento de las familias y la continuidad de los beneficios vinculados a la discapacidad.
El oficialismo de La Libertad Avanza reaccionó a la presión opositoria reactivando el trabajo en la Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, y en las comisiones vinculadas a discapacidad. En ese marco, Pauli presentó un cronograma que incluye dos reuniones informativas adicionales: la primera prevista para mañana por la tarde, apenas un día antes de la sesión especial impulsada por la oposición, y la segunda para el miércoles de la semana siguiente. Después de estas instancias, el oficialismo fijó otras dos fechas, el 23 y el 30 de septiembre, como momentos clave para avanzar hacia los dictámenes, con el compromiso de “simplificar” los giros entre comisiones y unificar textos para llevarlos al recinto.
El diseño de ese calendario fue leído por la oposición como una maniobra para enfriar el debate y restarle impacto político a la sesión especial que convocaron para esta semana. Diversos bloques críticos de la gestión de Javier Milei rechazaron el esquema propuesto por LLA y ratificaron la realización de la sesión, cuyo objetivo no será aprobar proyectos concretos sino emplazar a las comisiones y fijar una fecha cierta para la firma de dictámenes sobre morosidad y emergencia en discapacidad. La oposición ya había mostrado en el recinto que cuenta con al menos 133 votos, un número que, si bien no alcanza para imponer debates que requieren mayorías especiales, le permite garantizar quórum y avanzar con una agenda propia.
Detrás de la disputa reglamentaria se encuentra la creciente preocupación por el endeudamiento familiar y los niveles récord de mora en los hogares. Distintos bloques opositores presentaron cerca de treinta proyectos que van desde programas de desendeudamiento, planes de refinanciación y topes al peso de las cuotas sobre los ingresos, hasta mecanismos especiales para consumidores en riesgo de insolvencia. El Gobierno, en cambio, insiste en que se trata de un problema entre privados y se resiste a intervenir de manera directa, lo que alimenta la tensión política y transforma la discusión sobre morosidad en uno de los temas más incómodos para la Casa Rosada.
En paralelo, la prórroga de la emergencia en discapacidad también se convirtió en un foco de conflicto. Mientras la oposición pretende extender por un año ese régimen para garantizar la continuidad de beneficios y políticas de protección, el oficialismo trabaja en un proyecto alternativo que reemplace la emergencia, con la intención de contener el reclamo sin ceder el control de la agenda legislativa. La sesión convocada en Diputados será así el escenario donde se definirá si prevalece la estrategia de LLA, basada en administrar tiempos y dictámenes desde las comisiones, o si la oposición consigue imponer un cronograma que obligue al oficialismo a acelerar el tratamiento de dos temas que ya se instalaron en el centro del debate público.