El Gobierno nacional decidió dar marcha atrás parcialmente en el ajuste previsto en el capítulo de Discapacidad del proyecto de Presupuesto 2027 y ahora está trabajando en un texto alternativo acordado con sus aliados parlamentarios. Según fuentes oficiales citadas, la Casa Rosada está «muy cerca» de consensuar una nueva propuesta con los bloques dialoguistas, en particular el PRO, la UCR y las fuerzas provinciales. Esta decisión busca desactivar la crisis política que surgió dentro del propio oficialismo tras conocerse los alcances de la reforma sobre pensiones no contributivas y el sistema de prestaciones, que sorprendió a referentes como Patricia Bullrich y al presidente de Diputados, Martín Menem.
El capítulo VI del Presupuesto, que desató el conflicto, retomaba el criterio de «invalidez laboral» como llave de acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, reemplazando el enfoque de derechos consagrado en la Convención sobre las Personas con Discapacidad. La iniciativa también eliminaba el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso al beneficio y trasladaba al Poder Ejecutivo la potestad de establecer por reglamentación los requisitos para recibir la pensión, desplazando al Congreso de ese rol. Este esquema implicaba un cambio estructural en la política de discapacidad, poniendo el foco en la capacidad de trabajar y en la compatibilidad con el empleo registrado, y fue visto por organizaciones, prestadores y opositores como un recorte encubierto en un área considerada sensible.
Tras el estallido de la polémica y mientras persistían tensiones entre el Ministerio de Economía y los socios de la coalición gobernante, los libertarios reactivaron las negociaciones en la Cámara de Diputados con sus aliados, asegurando que los artículos originales sobre Discapacidad serían eliminados. En ese contexto, comenzó a delinearse un «camino intermedio»: el oficialismo se compromete a dejar sin efecto el texto más duro del proyecto y a avanzar en un ajuste «consensuado», que eleva requisitos y redefine criterios sin replicar los aspectos más regresivos señalados por los críticos. La nueva propuesta, según trascendió, busca endurecer las condiciones para acceder a la pensión por discapacidad, pero introduciendo mecanismos de compatibilidad con el empleo formal y un esquema de actualización para el nomenclador de prestaciones que preserve cierta previsibilidad para prestadores y familias.
Uno de los puntos centrales de la negociación es el futuro del nomenclador nacional de prestaciones básicas, que la versión original del Presupuesto pretendía modificar profundamente. El borrador que se discute ahora contempla que el nomenclador se actualice por el índice de precios al consumidor (IPC) de manera bimestral, y no mensual como establece la ley de emergencia vigente, pero manteniendo su carácter universal. A la vez, a pedido de los bloques aliados, se incorpora la posibilidad de que las pensiones por discapacidad puedan percibirse de forma complementaria a un empleo registrado, una novedad clave frente al esquema que inicialmente planteaba incompatibilidades estrictas con el trabajo formal o el monotributo. Este giro busca responder a dos demandas simultáneas: el objetivo económico de recortar el gasto y el reclamo político y social de no dejar sin cobertura a quienes requieren apoyos permanentes.
En las próximas semanas, el oficialismo planea asegurar el dictamen de mayoría en comisión para blindar el texto acordado y evitar que la oposición impulse en el recinto un proyecto alternativo que desarme por completo el ajuste previsto para 2027. Si logra imponer su redacción, el nuevo capítulo de Discapacidad se incorporará directamente al Presupuesto, reemplazando al esquema que desató la crisis interna y el rechazo de organizaciones del sector. La resolución del conflicto será una prueba de fuego para la capacidad de articulación del Gobierno con sus aliados legislativos y para su margen de maniobra a la hora de compatibilizar el programa de equilibrio fiscal con la preservación de derechos en áreas de alta sensibilidad social. En ese delicado equilibrio se juega no sólo la letra fina del Presupuesto 2027, sino también la cohesión política de la coalición gobernante frente a futuros debates de ajuste.