Facundo Moyano atraviesa un nuevo capítulo complejo en la causa por presunta violencia de género contra su ex pareja, la modelo Candela Arizaga, luego de quedarse sin defensa técnica por la renuncia de sus abogados. Según el artículo, los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón presentaron su dimisión ante la Fiscalía de Género Norte, dejando al exdiputado sin representación en un momento clave del expediente. La salida de ambos se produce inmediatamente después de que la Justicia rechazara un pedido para flexibilizar o levantar las restricciones que pesan sobre Moyano, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y de mantener contacto con ella.
En el escrito de renuncia, Molina y Gascón invocaron “desavenencias insalvables en la estrategia de defensa” como motivo central para apartarse del caso. De acuerdo con la nota, esas diferencias se habrían profundizado tras los últimos movimientos procesales, cuando la defensa intentó sin éxito modificar las medidas cautelares que rigen sobre el dirigente sindical. Los abogados venían sosteniendo una línea de actuación basada en la presunta ausencia de conflicto vigente entre Moyano y Arizaga, argumento que también había sido esgrimido por el propio imputado y por su ex pareja al reclamar una “revinculación”, pero la fiscalía decidió mantener las restricciones y continuar con la investigación.
La causa se centra en la denuncia por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, derivados de un episodio ocurrido en agosto en un edificio de la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. Según reconstruye el artículo, aquel hecho motivó la detención de Moyano durante casi veinte horas y dio lugar a la imposición de la perimetral y demás medidas de protección sobre Arizaga. En paralelo, la fiscalía avanzó con la producción de pruebas y dispuso nuevas instancias de declaración para determinar si, pese a la prohibición vigente, existió algún tipo de contacto entre el exdiputado y la modelo que pudiera configurar el delito de desobediencia judicial.
En este contexto, la renuncia de la defensa no solo deja a Moyano sin abogados, sino que abre un interrogante sobre los tiempos y la orientación que asumirá su estrategia judicial de aquí en adelante. La nota señala que el cambio de letrados podría provocar demoras en la presentación de nuevos escritos y en la definición de la postura frente a las medidas que vaya adoptando la Justicia, mientras la causa continúa en etapa de instrucción. Hasta ahora, la posición de la defensa se había apoyado en principios como inocencia, razonabilidad, proporcionalidad y mínima restricción, para cuestionar el alcance de la perimetral, pero la fiscal a cargo resolvió ratificar las cautelares y no conceder flexibilizaciones.
Mientras tanto, el hijo de Hugo Moyano deberá designar un nuevo abogado que asuma su representación en un escenario procesal cada vez más delicado. El artículo destaca que la investigación por presunta violencia de género sigue su curso y que la Fiscalía de Género Norte continúa incorporando elementos para definir cómo avanzar en la causa. Con las restricciones en pie y la dimisión de Molina y Gascón ya formalizada, el exdiputado enfrenta un doble revés: la confirmación de las medidas que limitan su acercamiento y contacto con Candela Arizaga y la necesidad urgente de reconstruir su defensa en medio de un expediente que suma tensión mediática y judicial.