En las últimas semanas, el oficialismo en la Cámara de Diputados adoptó una postura más receptiva frente a los reclamos de sus aliados y de los bloques provinciales. La estrategia apunta a evitar nuevos focos de tensión mientras avanza el debate del Presupuesto 2027 y se negocia el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Entre las principales concesiones aparece el compromiso de restablecer límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta busca contener las críticas de diputados del PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y distintas fuerzas provinciales, que cuestionaron la eliminación de las restricciones dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia.
El Gobierno prevé incorporar un capítulo sobre extranjerización de tierras al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. El tratamiento comenzará en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para el miércoles 14, un día antes de la sesión especial solicitada por la oposición.
Una de las alternativas que concentra mayor respaldo consiste en recuperar el límite del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras. Ese esquema estaba vigente antes de la derogación de la Ley de Tierras, aunque algunos sectores aliados plantean establecer un porcentaje diferente. Por el momento, el texto definitivo todavía no fue cerrado.
La otra concesión relevante está vinculada con el área de discapacidad. El oficialismo se comprometió a retirar del Presupuesto 2027 la reforma que había generado cuestionamientos y presentó una iniciativa que retoma varios puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos figuran la actualización del nomenclador de prestaciones, la compatibilidad entre una pensión y un empleo formal o informal, y el Certificado Único de Discapacidad como vía para acceder a una pensión.
Sin embargo, los bloques dialoguistas todavía reclaman precisiones sobre la actualización mensual de las prestaciones conforme a la inflación y sobre el calendario para cancelar las compensaciones adeudadas. El oficialismo estima que el proyecto podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre, aunque antes deberá completar las conversaciones con los sectores que firmaron el dictamen en disidencia.
En paralelo, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, comenzó a recibir planteos vinculados con el financiamiento de las universidades nacionales y con las obras públicas previstas para las provincias. La Unión Cívica Radical pidió garantizar los recursos universitarios, mientras que los bloques provinciales concentraron sus demandas en la continuidad de obras viales y otras inversiones para sus distritos.
La distribución de fondos y proyectos provinciales se convirtió así en una pieza central de la negociación parlamentaria. Para el Gobierno, esas partidas pueden facilitar acuerdos más amplios con los bloques aliados, especialmente en una discusión considerada prioritaria: la eliminación de las PASO.