Los indicadores económicos han encendido señales de alerta en la Casa Rosada, aunque el Gobierno descarta que el país se encamine hacia un escenario de fuerte conflictividad social. La caída de la actividad y los datos de inflación correspondientes a septiembre generan preocupación entre los funcionarios, que observan con atención el impacto de la situación en la vida cotidiana.
Pese a ese diagnóstico, el oficialismo sostiene que el malestar no alcanzaría la magnitud necesaria para transformarse en protestas generalizadas. En el Gobierno consideran que los intendentes no cuentan actualmente con capacidad suficiente para organizar movilizaciones de gran escala y que tampoco existen condiciones favorables para que surjan disturbios de manera espontánea.
La administración de Javier Milei también procura restar importancia a los reclamos vinculados con las universidades y el área de Discapacidad. La estrategia oficial consiste en evitar que esas demandas se conviertan en un eje de agitación política, mientras se busca preservar el respaldo alcanzado por el Presidente y sostener la agenda económica.
En paralelo, el oficialismo apuesta a mantener la iniciativa política y confía en que Milei conserve su capacidad de atención pública. Dentro de la Casa Rosada creen que el interés social y político en torno al Presidente será determinante para atravesar un período marcado por las dificultades económicas y la incertidumbre.
Uno de los compromisos pendientes es el recital que el Gobierno había anunciado, cuya realización continúa supeditada a la evolución de las cuentas públicas. La actividad quedó en espera hasta conocer con mayor precisión los números disponibles y las posibilidades concretas de avanzar con el evento.
Mientras tanto, el oficialismo avanza en conversaciones con sectores aliados para reducir las tensiones en el Congreso. Entre las concesiones analizadas aparecen cambios en la política sobre tierras rurales, una revisión del ajuste previsto para Discapacidad y negociaciones sobre las obras públicas que recibirán las provincias en el Presupuesto 2027.
Esos acuerdos forman parte de una negociación más amplia, en la que el Gobierno busca reunir apoyos para sus principales iniciativas legislativas. Entre los objetivos centrales figura la eliminación de las PASO, un proyecto que requiere acuerdos con bloques provinciales y aliados parlamentarios.
Aunque la situación económica continúa siendo motivo de preocupación para los funcionarios, la evaluación oficial mantiene una línea definida: no hay, por el momento, señales que indiquen un inminente escenario de crispación social. La Casa Rosada apuesta a administrar los reclamos, sostener el respaldo político y avanzar con sus reformas sin que la tensión económica derive en una crisis callejera.