La Corte Suprema de Justicia se reunirá este viernes a las 9 para analizar nuevamente la situación de la ley de tierras, en el marco de un acuerdo extraordinario convocado por su presidente, Horacio Rosatti. El máximo tribunal deberá resolver un pedido de medida cautelar presentado en un expediente relacionado con la normativa.
La eventual aprobación de esa medida podría restablecer las restricciones a la compra de campos por parte de ciudadanos extranjeros. De concretarse, la decisión modificaría los efectos prácticos del fallo que la Corte dictó el martes de la semana pasada, cuando dejó sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la ley.
El conflicto se originó con el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei. Esa disposición eliminó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, que desde 2011 establecía límites para la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros.
En su resolución anterior, la Corte argumentó que los excombatientes de Malvinas que habían promovido la demanda no contaban con legitimación suficiente y que no existía un caso concreto que habilitara el planteo. Por ese motivo, revocó el fallo que había cuestionado la validez constitucional del decreto presidencial.
Ahora, el tribunal volverá a intervenir a partir de un planteo presentado por una organización ambientalista, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes solicitaron precisiones sobre el alcance de la decisión anterior y buscan que se mantenga la protección prevista por la legislación derogada.
La nueva discusión se produce en un escenario de diferencias internas dentro de la Corte. Ante la falta de acuerdo entre sus tres integrantes, fueron convocados como conjueces los camaristas Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.
La resolución del máximo tribunal también es seguida con atención por el Congreso. Sectores de la oposición procuran avanzar con una sesión especial para rechazar el DNU 70/2023, mientras que el oficialismo analiza incorporar disposiciones vinculadas con la propiedad privada y la adquisición de tierras en un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
La medida cautelar que la Corte debe analizar podría alterar el escenario político y judicial en torno al decreto. Si los jueces hacen lugar al pedido, volverían a regir provisionalmente los límites para la compra de campos por parte de extranjeros, aunque la discusión de fondo sobre la validez de la derogación todavía quedaría pendiente.