El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina acordaron extender hasta el 13 de febrero de 2049 la concesión de los servicios aeroportuarios que la empresa administra en 35 terminales de todo el país. La medida fue formalizada este lunes mediante una Decisión Administrativa publicada en el Boletín Oficial.

La concesión vigente tenía fecha de vencimiento en 2038. Como parte del nuevo acuerdo, la compañía asumirá un programa de inversiones por USD 600 millones destinado a mejorar la infraestructura y fortalecer los estándares de calidad y seguridad del sistema aeroportuario.

El compromiso establece que al menos el 75% de las obras deberá estar terminado antes del 31 de diciembre de 2031. Además, la empresa tendrá tiempo hasta el 30 de junio de 2027 para acreditar, mediante un informe elaborado por una de las principales firmas auditoras internacionales, que cuenta con los fondos necesarios para ejecutar el plan.

La extensión acordada surgió luego de un proceso de negociación entre la compañía y las autoridades nacionales. Según la evaluación realizada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, los análisis técnicos, económicos y financieros determinaron que correspondía ampliar el plazo de la concesión por 11 años.

La propuesta inicial de Aeropuertos Argentina contemplaba una extensión de 30 años, con la posibilidad de sumar otros 10, lo que hubiera llevado la concesión hasta 2078. Sin embargo, el Gobierno optó por un período más acotado, vinculado al volumen de inversiones comprometido y a las proyecciones de crecimiento del tráfico aéreo.

El acuerdo no incluye aumentos de tarifas ni restricciones al nivel de inversiones, dos alternativas que habían sido evaluadas durante las conversaciones. La decisión oficial señala que esas medidas podrían afectar a los usuarios y al funcionamiento del servicio aeroportuario.

La ampliación del plazo también busca permitir la amortización de las obras previstas, manteniendo el equilibrio de la ecuación económica y financiera de la concesión. No obstante, el programa de inversiones no podrá acceder a los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

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