La oposición comenzó a reunir apoyos en la Cámara de Diputados para convocar a una sesión especial y avanzar con el rechazo definitivo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El máximo tribunal revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto, mediante el cual se eliminaron las restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata para impulsar la demanda y no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la norma.
La resolución judicial reactivó una disputa que permanecía pendiente en el Congreso. El Senado había rechazado el DNU 70/2023 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados no logró reunir entonces los votos necesarios para completar el trámite y convertir esa decisión en la derogación del decreto.
Ahora, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y la Coalición Cívica analizan retomar la iniciativa parlamentaria. Los bloques opositores evalúan solicitar una sesión especial para el 7 o el 14 de octubre, aunque todavía deben reunir las firmas y garantizar el número de legisladores necesarios para abrir el debate y aprobar el rechazo.
Dirigentes de distintos espacios reclamaron que Diputados actúe con rapidez frente al fallo de la Corte. Desde Unión por la Patria plantearon que la Cámara baja debe ratificar el rechazo que ya aprobó el Senado, mientras que el Frente de Izquierda volvió a ofrecerse para impulsar una sesión especial y cuestionó la vigencia del decreto.
La discusión también alcanzó a la Coalición Cívica. Elisa Carrió sostuvo que la falta de tratamiento legislativo permitió que el capítulo referido a las tierras permaneciera vigente y afirmó que los diputados deben rechazar específicamente esa parte del DNU. Según su interpretación, la única forma de impedir que continúe aplicándose es que ambas cámaras se pronuncien en contra.
En paralelo, el Gobierno analiza alternativas para contener la ofensiva opositora. Una de las posibilidades consiste en incorporar la regulación sobre la compra de tierras rurales al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en Diputados.
El DNU 70/2023 contiene más de 300 artículos y constituye una de las principales herramientas de desregulación económica de la administración de Javier Milei. Sus disposiciones abarcan áreas como el comercio, los servicios, la industria, el mercado financiero y el régimen de alquileres, por lo que un eventual rechazo en el Congreso tendría un impacto amplio sobre la agenda del Gobierno.