Las dos compañías con licencia para operar el yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas Malvinas, minimizaron este viernes el impacto de las sanciones anunciadas por el presidente argentino Javier Milei contra las empresas que exploten recursos naturales en el archipiélago. En un comunicado conjunto, la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum afirmaron que las medidas dispuestas por Buenos Aires “no tendrán efectos materiales” sobre el proyecto y recalcaron que sus permisos fueron “legalmente otorgados” por las autoridades locales de las islas, bajo soberanía británica y reclamadas por Argentina.
Las operadoras señalaron que las licencias de producción y exploración concedidas en la cuenca Malvinas Norte siguen siendo plenamente válidas y cuentan con el “apoyo total y continuo” del gobierno del Reino Unido, pese a las objeciones permanentes del Estado argentino. Según el texto, no se prevé que los recientes anuncios de Milei alteren el cronograma de desarrollo de Sea Lion ni el calendario previsto para completar la fase inicial del proyecto offshore, que contempla la perforación de pozos submarinos y la instalación de infraestructura flotante de producción de crudo en aguas cercanas al archipiélago.
En su declaración, Rockhopper y Navitas explicaron que su respuesta apunta directamente a los “informes en prensa” y al discurso que el presidente argentino pronunció en cadena nacional, en el que advirtió que endurecerá el régimen de sanciones contra empresas, directivos, accionistas y proveedores vinculados a proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas sin autorización de Buenos Aires. Las firmas petroleras remarcaron que operan bajo el marco jurídico vigente en las islas y que, en su visión, las acciones anunciadas por Argentina no modifican la situación legal de sus operaciones ni las decisiones de inversión ya adoptadas para avanzar con Sea Lion.
El proyecto, considerado estratégico por la administración local malvinense, fue objeto de crecientes tensiones diplomáticas en los últimos meses, a medida que el gobierno argentino intensificó sus esfuerzos para frenar el desarrollo de recursos energéticos en la zona que considera parte de su plataforma continental. Milei informó que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas a hidrocarburos en territorio bajo ocupación británica sin autorización argentina, y que enviará iniciativas al Congreso para ampliar las penalidades contra las compañías involucradas en estas explotaciones.
En paralelo, desde las islas la reacción oficial ha sido la de restar importancia a las amenazas de sanciones y asegurar que las empresas “están acostumbradas” a este tipo de presiones provenientes de Buenos Aires. Las autoridades locales sostienen que el avance del proyecto Sea Lion forma parte de una estrategia de largo plazo para explotar reservas estimadas de petróleo en la cuenca norte y diversificar la economía del archipiélago, mientras el Reino Unido reafirma que su respaldo a las licencias otorgadas es “absoluto e inquebrantable”. En ese contexto, la disputa por el yacimiento se inscribe en el histórico conflicto de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, ahora trasladado al terreno energético y financiero.