Los rectores de las universidades nacionales reclamaron al presidente Javier Milei que cumpla de manera inmediata con los fallos judiciales que ordenan aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La exigencia se produce en medio de una disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia por la vigencia de la norma.
La Ley 27.795 establece una actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de recomposiciones para los programas destinados a estudiantes y partidas para el funcionamiento de las instituciones. Aunque fue vetada por el Gobierno, ambas cámaras del Congreso insistieron con su sanción y reunieron los dos tercios necesarios para dejar sin efecto el veto presidencial.
A pesar de la ratificación parlamentaria, el Ejecutivo sostuvo que la aplicación de la ley no podía concretarse porque no se habían definido las fuentes de financiamiento. Con ese argumento, el Gobierno incorporó condiciones para demorar su puesta en marcha, una decisión que fue cuestionada en distintas instancias judiciales.
El juez federal Martín Cormick ordenó inicialmente al Gobierno aplicar los artículos vinculados con la actualización salarial y la recomposición de los programas universitarios. La medida cautelar fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y, posteriormente, quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el Estado.
Ante la falta de cumplimiento pleno, la Justicia volvió a intimar al Poder Ejecutivo y le otorgó un plazo de cinco días para acatar la resolución, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas. El Gobierno, sin embargo, argumentó que ya había cumplido con sus obligaciones y anunció nuevas apelaciones para cuestionar las decisiones judiciales.
En una resolución posterior, Cormick declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la ley y ordenó al Ejecutivo dictar las normas necesarias para ponerla en vigencia. El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía suspender los efectos de una norma que había sido ratificada por el Congreso con la mayoría agravada prevista en la Constitución.
Los rectores advirtieron que la demora agrava la crisis presupuestaria de las universidades públicas y profundiza la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores. También señalaron que la falta de actualización de los fondos afecta el normal funcionamiento de las instituciones, la investigación, la asistencia estudiantil y los hospitales universitarios.
El conflicto se trasladó además al ámbito gremial, con paros, movilizaciones y jornadas de protesta convocadas por docentes y no docentes. Las organizaciones universitarias sostienen que continuarán con las medidas de fuerza hasta que el Gobierno cumpla con la ley y respete las resoluciones dictadas por la Justicia.