La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación por presunta corrupción en la Armada Argentina vinculada a pagos irregulares de haberes, suplementos y viáticos. El fiscal a cargo impulsó formalmente la acción penal y reclamó una serie de medidas de prueba para reconstruir en detalle cómo se ejecutó la maniobra que habría permitido desviar casi mil millones de pesos mediante acreditaciones indebidas a favor de un grupo reducido de beneficiarios. El caso, que ya había motivado una denuncia interna de la propia fuerza y la intervención del Ministerio de Defensa, se centra ahora en el circuito informático y administrativo que va desde la liquidación de los sueldos hasta la transmisión de las órdenes de pago al Banco Nación.
Según la presentación inicial de la Armada, entre julio de 2022 y enero de 2023 se detectaron acreditaciones irregulares por un total de $981.148.567,88, dirigidas a 23 personas, algunas de ellas ajenas a la institución militar. La reconstrucción de ese período permitió determinar que las transferencias no respondían a errores aislados ni a simples inconsistencias contables, sino a modificaciones posteriores sobre los archivos utilizados para ordenar los pagos, con montos superiores a los que figuraban en los recibos de sueldo o directamente sin respaldo en haberes legítimamente liquidados. Esa trama llevó a conformar una comisión técnica dentro de la Armada, con especialistas en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas y análisis de datos, que trabajó en el resguardo de las computadoras utilizadas y en el cruce mes a mes entre la información del sistema de sueldos y las acreditaciones efectivamente realizadas.
Sobre la base de ese informe preliminar, el fiscal requirió ahora un peritaje informático sobre los equipos y terminales resguardados para determinar quiénes accedieron a los sistemas, qué archivos se crearon o alteraron y en qué momentos se transmitieron al banco. El objetivo de esa pericia es identificar con precisión los registros que fueron modificados manualmente luego de la liquidación de haberes y antes de la remisión de los archivos al Banco Nación, así como los importes, fechas, horarios y beneficiarios vinculados a cada cambio. En paralelo, se pidió a la Armada el envío de copias de los legajos personales de todos los imputados y potencialmente involucrados, con el fin de establecer su rol funcional, su acceso a los sistemas de pago y la eventual participación de cada uno en la operatoria investigada.
Otra de las medidas clave apunta al Banco Nación, que deberá aportar el detalle de todas las transferencias realizadas a las cuentas de las 23 personas bajo la lupa, incluyendo fechas, montos, CBU, titulares y la identificación del lote de origen de cada operación. Con esa información, los investigadores buscan reconstruir el camino de cada depósito desde la orden emitida por la Armada hasta la acreditación final, y verificar si hubo pedidos reiterados de montos superiores, duplicaciones de pagos, inclusión de suplementos que no correspondían o acreditaciones a personas cuya relación con la fuerza no estaba debidamente justificada. La Justicia pretende, además, determinar si el perjuicio patrimonial se limita a los casi mil millones de pesos ya consolidados o si la maniobra tuvo ramificaciones más amplias, como sugieren algunas estimaciones que elevan el daño potencial por encima de los $1.500 millones.
El avance del expediente penal se da en paralelo a las medidas administrativas adoptadas por la Armada y el Ministerio de Defensa, que ya derivaron en la separación preventiva y la destitución de varios militares vinculados a la estructura de administración financiera y de liquidación de haberes. La cartera de Defensa informó que la actuación interna permitió detectar inconsistencias sistemáticas en las acreditaciones de sueldos y que, una vez constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Número 2 para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos. En esta etapa, la investigación se concentra en delimitar responsabilidades individuales, establecer si se trató de una red organizada dentro de la fuerza y determinar el grado de participación de oficiales y personal civil en una operatoria que, de confirmarse, configuraría una de las tramas de corrupción más graves registradas en los últimos años en las Fuerzas Armadas argentinas.