En plena discusión por el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, volvió a avanzar sobre el sistema de atención a las personas con discapacidad, con un objetivo claro: desarmar el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas y dejar de fijar valores únicos a nivel federal. La iniciativa, plasmada en el proyecto enviado al Congreso, retoma la ofensiva contra uno de los pilares de la Ley 24.901 y de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que obligan al Estado a garantizar un piso homogéneo de cobertura sin importar la obra social, prepaga o el lugar del país en el que viva la persona. Organizaciones, prestadores y familias advierten que se trata de un nuevo capítulo del ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables, después de meses de congelamiento y aumentos por debajo de la inflación en los aranceles.
El texto oficial introduce modificaciones profundas en el esquema vigente: redefine el rol del nomenclador y elimina su carácter de “único” y “universal”. En lugar de valores comunes para todo el sistema, cada “ente obligado” –obras sociales, prepagas, provincias y el propio Estado nacional– pasará a fijar de manera independiente cuánto pagará por terapias, transporte, acompañantes terapéuticos, centros de día y otras prestaciones básicas para personas con discapacidad. El Gobierno justifica el cambio en la “organización federal del Estado” y en las “asimetrías regionales de costos y capacidades financieras”, pero el resultado práctico es una desregulación que abre la puerta a un mapa de aranceles fragmentado, con condiciones y montos distintos según el financiador y la jurisdicción.
En paralelo, el proyecto también altera la forma de actualización de los valores cuando el pagador sea el Estado nacional. Hoy, el nomenclador se ajusta mensualmente por un mecanismo de movilidad que sigue la inflación medida por el Indec, aunque el sector viene denunciando que esos incrementos se han quedado cortos frente a la suba real de costos. Con el Presupuesto 2027, Milei y Caputo proponen pasar a actualizaciones trimestrales y discrecionales, a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, lo que implica una menor frecuencia de aumento y mayor margen para que las tarifas queden atrasadas respecto de la inflación. Prestadores y especialistas alertan que este cambio, sumado a la pérdida de universalidad, puede traducirse en recortes silenciosos, demora en los pagos y más dificultades para sostener los servicios esenciales.
La ofensiva sobre el nomenclador no aparece aislada, sino en continuidad con la estrategia que el gobierno libertario despliega desde su llegada a la Casa Rosada. Primero intentó frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad por la vía del veto y luego a través de recursos judiciales; al fracasar, avanzó con proyectos para reformarla y vaciar su alcance, eliminando artículos que garantizaban la universalidad de las prestaciones y la protección del Estado frente a la lógica del mercado. En ese marco, la eliminación del nomenclador único es vista por las organizaciones como la pieza clave para “desarmar el sistema” y consolidar la desigualdad: sin un piso de aranceles común, cada obra social o prepaga podrá negociar a la baja, y la continuidad de tratamientos quedará sujeta a la capacidad económica de cada familia y al poder de presión de cada prestador.
Las consecuencias de este rediseño se sienten ya en la reacción del sector. Prestadores de todo el país hablan de “alarma encendida” y advierten que la combinación de desregulación, atrasos en las actualizaciones y concentración de decisiones en la Secretaría de Discapacidad empuja a un escenario de cierres de servicios, pérdida de profesionales especializados y mayores obstáculos para el acceso efectivo a la salud y la rehabilitación. Familias y organizaciones anticipan nuevas movilizaciones y medidas de protesta frente al Congreso, en defensa del nomenclador y de la ley de emergencia, y plantean que el Presupuesto 2027 condensa el verdadero rumbo del gobierno: pasar del derecho a la salud al negocio de la salud, dejando a millones de personas con discapacidad a merced de la capacidad de pago de cada financiador y de las reglas del mercado.