El Gobierno enfrenta dos semanas decisivas para impedir que la oposición avance con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La convocatoria a una sesión en la Cámara de Diputados surgió luego de un fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras y amenaza con poner en riesgo una de las principales estructuras regulatorias impulsadas durante la administración de Javier Milei.
La oposición busca reunir el respaldo necesario para tratar la derogación del megadecreto y pretende repetir el esquema de apoyos que ya alcanzó en proyectos relacionados con el endeudamiento y la discapacidad. Esas iniciativas habían conseguido el acompañamiento de 133 diputados, por lo que los principales bloques opositores intentarán sostener esa mayoría en el debate sobre el DNU.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 154 del decreto, que eliminó los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras reactivó la discusión parlamentaria y otorgó a la oposición un argumento adicional para reclamar la revisión de la normativa.
En la Casa Rosada consideran que la caída del decreto tendría consecuencias políticas y regulatorias de gran alcance. Ante la posibilidad de que la oposición reúna una cantidad significativa de adhesiones, el oficialismo evalúa que la única forma de bloquear la derogación será contar con el respaldo de sus aliados en el Congreso.
El calendario parlamentario podría acelerar las negociaciones con los gobernadores y los bloques provinciales. En el entorno del Gobierno admiten que durante las próximas dos o tres semanas deberían cerrarse y comunicarse acuerdos con distintos oficialismos locales, especialmente porque esos entendimientos también resultan necesarios para impulsar la reforma política que la administración pretende llevar al Congreso.
Varios mandatarios provinciales ya dieron señales de que podrían acercarse al oficialismo de cara al próximo año electoral. Sin embargo, el respaldo no sería automático: los gobernadores condicionan su acompañamiento a las definiciones electorales y a las conversaciones sobre alianzas políticas.
Mientras se desarrollan esas negociaciones, en la Cámara de Diputados el oficialismo analiza alternativas para preservar el contenido de la Ley de Tierras. Una de las opciones consiste en incorporarla a la Ley de Soberanía Nacional, un paquete de medidas anunciado por Milei y vinculado con la causa Malvinas.
En el Gobierno mantienen el optimismo y consideran posible que la oposición no consiga reunir el quórum necesario para iniciar el debate. No obstante, en la propia Mesa Política reconocen que el escenario todavía no está cerrado y que los próximos días serán determinantes para definir el futuro del DNU 70.