El Reino Unido rechazó la propuesta argentina de someter a arbitraje internacional la disputa vinculada con el proyecto petrolero Sea Lion, que avanza en las aguas próximas a las Islas Malvinas. Londres calificó de ilegítimas las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y advirtió que la ofensiva podría afectar la relación bilateral.
La iniciativa argentina surgió luego de que el Poder Ejecutivo reclamara la suspensión de las actividades de exploración y desarrollo hidrocarburífero en el Atlántico Sur. El Gobierno había establecido un plazo para que el Reino Unido frenara el proyecto y anticipó que, en caso contrario, recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo.
Sea Lion es operado por la compañía británica Rockhopper, que confirmó sus planes de comenzar la producción de petróleo en las Islas Malvinas durante el primer trimestre de 2028. La empresa sostuvo que cuenta con el respaldo permanente del Gobierno británico y de las autoridades isleñas para continuar con el cronograma previsto.
El proyecto contempla una etapa de perforación de desarrollo que comenzaría a principios de 2027. Según la compañía, el reciente aumento de capital le permitió asegurar el financiamiento necesario para avanzar hasta la obtención del primer petróleo, pese a las advertencias y sanciones promovidas por la Argentina.
En su informe presentado ante la Bolsa de Valores de Londres, Rockhopper señaló que tanto Londres como las autoridades de las islas rechazaron de manera pública y sostenida las medidas argentinas. La empresa consideró que esas acciones carecen de justificación legal y aseguró que no modificarán sus planes operativos.
La respuesta británica se produjo en un contexto de creciente tensión diplomática. La Argentina abrió expedientes de sanción contra decenas de empresas y personas vinculadas con la actividad petrolera alrededor del archipiélago y presentó denuncias penales contra la firma Navitas y sus ejecutivos.
Además, un tribunal federal de Tierra del Fuego dictó una medida cautelar para suspender las obras relacionadas con Sea Lion. Sin embargo, la jueza advirtió que la aplicación efectiva de la resolución dependerá de la cooperación internacional de las empresas involucradas, debido a que las actividades se desarrollan fuera de la jurisdicción directa de los tribunales argentinos.
El presidente Milei volvió a plantear la cuestión de la soberanía sobre las islas durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno sostiene que la explotación de los recursos naturales en el área disputada vulnera los derechos argentinos, mientras que el Reino Unido mantiene que las autoridades de las islas tienen potestad para decidir sobre el desarrollo de sus recursos.
Desde Londres señalaron que la estrategia argentina introduce un elemento de confrontación que puede deteriorar los canales de diálogo establecidos entre ambos países. La advertencia refleja la preocupación británica por el impacto que las sanciones, las denuncias judiciales y la amenaza de arbitraje podrían tener sobre la relación bilateral.