El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves con una agenda recortada, que deja fuera por ahora dos de los proyectos más sensibles para la Casa Rosada: la reforma electoral y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Aunque ambos forman parte de las prioridades declaradas del Gobierno, finalmente se resolvió postergar su tratamiento al menos hasta la próxima semana, en medio de diferencias internas y negociaciones todavía abiertas con los aliados parlamentarios. La decisión se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo buscó garantizar una sesión sin sobresaltos y con número asegurado.
El temario que llegará al recinto se concentrará en iniciativas con mayor consenso, como la aprobación de pliegos judiciales y otros proyectos que el oficialismo considera “menos conflictivos” de cara a la relación con las provincias y los bloques dialoguistas. En paralelo, se definió diferir para más adelante la discusión de la amplia reforma política que impulsa la Casa Rosada, que incluye cambios profundos en el sistema de votación y en el régimen de elecciones primarias. La estrategia responde al diagnóstico de que aún no están dados los acuerdos necesarios para avanzar sin riesgo de una derrota parlamentaria, en un contexto en el que cada votación se cuenta al detalle.
En el caso de la reforma del Banco Central, fuentes parlamentarias y del propio oficialismo admiten que el proyecto todavía atraviesa una etapa de ajustes finos, sobre todo en lo referido al mecanismo de designación y remoción de los directores de la autoridad monetaria. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, habría reconocido que “hay una diferencia sobre la elección de los directores”, lo que obliga a seguir negociando con aliados clave antes de llevar el texto al recinto. La Casa Rosada pretende blindar políticamente al Banco Central frente a los cambios de gobierno, pero esa misma premisa abrió un debate sobre el alcance de las nuevas mayorías requeridas y el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso.
La reforma electoral, por su parte, se mantiene como bandera central del Gobierno pero continuará por ahora circunscripta al trabajo en comisiones y a conversaciones reservadas con los gobernadores y bloques provinciales. El oficialismo busca avanzar en la eliminación o suspensión de las PASO y en la redefinición de reglas del juego que, según sus argumentos, apuntan a reducir costos y simplificar el calendario electoral. Sin embargo, la resistencia de parte de la oposición y las dudas de sectores que reclaman mayores garantías de representación han frenado el impulso inicial. En Balcarce 50 reconocen que será necesario consolidar un acuerdo político más amplio para evitar que la reforma quede empantanada o sufra modificaciones que desdibujen sus objetivos originales.
La decisión de ordenar el temario y dejar para más adelante estos proyectos revela, además, el giro táctico del Gobierno en el Congreso, tras varias semanas de clima tenso y votaciones ajustadas. Con el Presupuesto 2027 en el horizonte y otras leyes económicas en carpeta, la Casa Rosada procura dosificar los conflictos y priorizar aquellas iniciativas con mayores chances de aprobación inmediata. Mientras tanto, la discusión sobre la reforma electoral y la del Banco Central se transforma en una pulseada de más largo aliento, donde el oficialismo deberá combinar presión política y capacidad de negociación para lograr que sus principales reformas estructurales encuentren finalmente el consenso necesario en el Senado.