La politóloga Mariana Altieri, especialista en seguridad y defensa, advirtió que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno al Congreso utiliza el conflicto de Malvinas como justificación para introducir cambios de amplio alcance en el sistema de seguridad, inteligencia y persecución de delitos, que van mucho más allá del tradicional reclamo de soberanía. Según la experta, la iniciativa “mezcla” la disputa territorial con un rediseño estructural de la seguridad nacional y abre la puerta a facultades estatales que exceden el marco de la política exterior y de defensa vinculada al Atlántico Sur. En su visión, el texto no se limita a reforzar sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas y espacios marítimos en disputa, sino que habilita un esquema integral de actuación del Estado frente a amenazas que pueden ser definidas de manera muy amplia.
Altieri pone el foco en la creación de un Sistema de Seguridad Nacional y de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, concebidos como órganos rectores que concentrarán funciones diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia, cibernéticas y jurídicas bajo una misma estructura de conducción. Ese nuevo entramado institucional, plantea, permite que decisiones sobre defensa, economía e incluso política cambiaria se adopten bajo la lógica de “amenazas a la seguridad nacional”, con márgenes de discrecionalidad que, en su opinión, no se justifican por el objetivo declarado de proteger los derechos soberanos sobre Malvinas. La especialista alerta que se trata de una arquitectura de seguridad que trasciende el terreno militar y puede irradiar hacia áreas sensibles de la vida económica y política interna.
La politóloga también cuestiona la incorporación en la ley de un capítulo sobre desinformación, operaciones de influencia extranjera y campañas coordinadas en el espacio público, con la posibilidad de establecer nuevos delitos y sanciones penales. A su juicio, al vincular la defensa de la soberanía con figuras penales asociadas a la circulación de información y contenidos, el proyecto confunde la legítima defensa de los intereses nacionales con herramientas que podrían impactar en la libertad de expresión y el debate democrático. Altieri enfatiza que el texto faculta al Estado a actuar frente a “operaciones clandestinas” y “campañas masivas de desinformación” con financiamiento externo, categorías que, si no se definen con precisión, pueden ser usadas de forma expansiva para perseguir actores políticos, sociales o mediáticos en nombre de la seguridad.
Otro punto crítico señalado por la especialista es la redefinición del concepto de Defensa Nacional y el rol de las Fuerzas Armadas frente a amenazas no estatales. El proyecto reescribe parte de la normativa vigente para habilitar la participación militar en escenarios que no se limitan a guerras convencionales ni a agresiones de otros Estados, lo que incluye la protección de infraestructura crítica dentro del territorio y la respuesta a riesgos catalogados como “externos”, aunque su manifestación se produzca en el plano interno. Altieri recuerda que estos cambios fueron históricamente objeto de debate y que, en el pasado reciente, se había optado por restringir el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, precisamente para evitar confusiones de rol y riesgos en términos de derechos humanos.
Finalmente, la especialista subraya que el proyecto articula instrumentos como el régimen de derribo, la regulación del uso de la fuerza contra embarcaciones y medidas económicas excepcionales ante “riesgos graves” para la seguridad nacional, todo contenido en una ley que se presenta como respuesta al reclamo por las Islas Malvinas. En ese sentido, advierte que la iniciativa utiliza la causa malvinense, ampliamente consensuada en la sociedad argentina, como marco político para introducir reformas profundas en seguridad y defensa que merecerían un debate específico y detallado. Para Altieri, el riesgo es que, bajo la bandera de la soberanía, se consolide un esquema de concentración de poder en materia de seguridad, inteligencia y política económica que excede el objetivo de fortalecer la posición argentina en la disputa territorial con el Reino Unido.